Históricamente, vienen luchando por conquistar una igualdad que la sociedad les sigue negando en muchos aspectos. La discriminación hacia los discapacitados es constante, desde las barreras arquitectónicas hasta falencias en la cobertura de salud y en el empleo. Se recuerda hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instituida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1982.

En la actualidad, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial, según datos de la ONU. Entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para vivir normalmente. La proporción de gente con discapacidad está aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial. Las tasas de empleo son más bajas para los hombres con discapacidad (53%) y las mujeres con discapacidad (20%) que para los hombres sin discapacidad (65%) y las mujeres sin discapacidad (30%).

En la Argentina, el censo de 2001 reveló que el 7,1% de la población presentaba alguna dificultad invalidante; en 2010, ese porcentaje se elevó un 45%. Hace once años, en el 10,3% de los hogares tucumanos había minusválidos, mientras que la cifra se elevó al 14%, de modo que ellos son 205.621. En el resto del país el porcentaje asciende al 12,9%.

En nuestra provincia, la eliminación o adecuación de las barreras arquitectónicas sigue siendo una deuda importante. Todo edificio que se construya debería tener rampas de acceso, sin embargo, en muchos casos la norma no se aplica, como sucede en una torre de Junín primera cuadra, hace poco tiempo inaugurada. Tampoco se la acata en edificios públicos. Hace unas semanas, en nuestra sección de Cartas de Lectores publicamos la de un abogado especializado en temas de discapacidad que no pudo acceder con su silla de ruedas a la Federación Económica de Tucumán, donde se iba a dictar una conferencia, como consecuencia de la inaccesibilidad del inmueble.

No todas las obras sociales cumplen con la ley nacional 24.901 que establece que estas deben cubrir el 100% de los tratamientos y necesidades atinentes a la discapacidad de los beneficiarios. Tucumán está adherido a esta norma, sin embargo, la iniciativa nunca fue reglamentada, de modo que existe un vacío jurídico que impide acceder a los fondos de redistribución. La mayoría de las leyes no se cumplen como ocurre, por ejemplo, con la nacional 22.431 y provincial 7.811 que obligan a las empresas a brindar transporte público libre y gratuito a todos los minusválidos.

Pero también atentan contra el desplazamientos de estos ciudadanos las veredas angostas obstaculizadas por postes, tachos de basura y artefactos de aire acondicionado que sobresalen de las paredes, las mesas y sillas en la vía pública, los puestos ambulantes.

Sería interesante que con cierta frecuencia los funcionarios provinciales y municipales, ediles y legisladores, profesores y estudiantes de las Facultades de Arquitectura y Ciencias Exactas se turnaran para acompañar a los discapacitados por la ciudad e intentaran también subir a ómnibus o a taxis. Tal vez de ese modo, tomarían conciencia de sus problemas y se preocuparían por subsanarlos y hacer cumplir las leyes.